TSJ admitió demanda contra el alcalde de Valera

El alcalde del municipio Valera, José Karkom fue demandado  ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por incumplir con sus responsabilidades delegadas como jefe de la localidad, puesto que en el referido lugar existe un grave problema con la basura y de igual forma con el desconcierto que hay con el mercado informal, pues esta problemática no ha sido atendida por el burgomaestre.

Al respecto, tras los reiterados llamados ejecutados por concejales y habitantes del lugar, en cuanto a  la protección del derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, en nombre de la colectividad que hace vida en el ámbito territorial del municipio Valera, la Sala Constitucional del TSJ decidió atender la problemática  del medio ambiente,  aseo urbano y domiciliario, de igual forma en lo que respecta a la obstaculización de la vía pública.

Demanda admitida

La Sala Constitucional del TSJ aceptó la demanda en contra de Karkom, como medida al amparo cautelar solicitado al máximo tribunal donde se acordó tramitar el expediente a la Secretaría de la Sala para que se realice la citación al alcalde. Igualmente, se ordenó realizar todas las funciones que sean necesarias para resolver el mal que aqueja a los valeranos en cuanto a la basura y a la proliferación de vendedores ambulantes de la ciudad.

 ¿Qué piden los habitantes de Valera?

Entre otros aspectos, la  parte actora alegó que como habitantes del municipio Valera tienen interés directos en la protección del derecho que señalan que está totalmente vulnerado.

De igual forma, enunciaron que  la acumulación de basura en todas sus manifestaciones, han convertido a la Ciudad de Las Siete Colinas en un gran basurero a cielo abierto y que es evidente el colapso total en la prestación del servicio del aseo urbano.

Al mismo tiempo, alegaron que es responsabilidad y obligación de José Karkom garantizar el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; a cuyo efecto se le encomienda la prestación del servicio público, en cuanto a la recolección de basura y los desechos sólidos. Sin embargo, la ciudad de Valera se encuentra sumida en un cúmulo de basura en todas sus manifestaciones, lo que se traduce en un evidente daño ambiental, generando serias afectaciones y colocando en grave riesgo otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, a la educación, al deporte y al libre tránsito.

Lo que la sala observó

En lo que respecta a la Sala, la misma contempló que el escrito contentivo de la presente demanda de protección de derechos colectivos, cumple con los extremos exigidos por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, manifestó que la demanda resulta admisible en tanto que no se evidencia, prima facie, la existencia de causal de inadmisibilidad alguna a las que se refiere el artículo 150 eiusdem. Como resultado  la  Sala admitió dicha demanda.

Al ciudadano José Karcom Zogbe,  se lo ordenó,  que dentro del municipio debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario y evitar que obstaculicen la vía pública e impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2.- Proceda a la inmediata remoción de residuos, escombros y de cualquier otro elemento que obstaculice la vialidad urbana.

3.- Ejerza la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes, para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

4.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Es importante destacar que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del municipio Valera, José Karkom Zogbe, sin pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem.

Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo, con fundamento en el artículo 30 ibídem.

Asambleas de trabajo

Con respecto a la situación que actualmente vive el municipio Valera, se dictaminó que se deben construir mesas de trabajo con las personas que se dedican al comercio informal en las calles del relatado lugar.

La mencionada mesa debe ser presidida por el alcalde, con el objetivo de lograr reubicar a los vendedores ambulantes en un lugar con las condiciones necesarias para que la actividad comercial no altere el orden público, ni que perturbe  los derechos constitucionales de la libre circulación, recreación y saneamiento ambiental de los circulantes del municipio Valera.

El resultado de esta actividad debe informarse a la Sala en un lapso improrrogable de quince días continuos.

PRENSA SICIP

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